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Malos tiempos para las expectativas de ingresos de los trabajadores y trabajadoras de Telefónica cuando alcancen la jubilación. Por un lado el Gobierno está empeñado en reducir las pensiones, impulsado en esa idea por el mundo de las finanzas, los empresarios y la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas, mientras silencian las numerosas voces que desde el mundo académico y de la ciencia económica cuestionan la validez de las tesis de los que consideran insostenible sin reformas a la baja el sistema de pensiones públicas. Por otro lado, el trabajador o trabajadora de Telefónica típico acogido a ERE se ve abocado a la jubilación anticipada que causa que su pensión pública se reduzca entre un 24 y un 40%, en función de cuando haya empezado a cotizar y del total de años cotizados. La debacle del Plan de Pensiones, complemento que sumado la pensión pública debía asegurar unos ingresos dignos, convierte en casi utópico el objetivo inicial del referéndum que acordó crearlo y que proporcionase un capital de 3,75 anualidades, obligando al inscribirse a renunciar al seguro colectivo que da 2 anualidades garantizadas y 12.000 euros.
Algunos pueden pensar que las críticas que realizamos a la gestión del Plan pueden ser oportunistas,