Las medidas adoptadas por el Presidente del Gobierno, el 12 de Mayo, para reducir el déficit público de forma drástica atentando contra las empleadas y empleados públicos, pensionistas y un conjunto de prestaciones y derechos sociales que van a desaparecer por decreto ley, al más puro estilo autoritario y sin respeto alguno por el funcionamiento democrático, suponen un ataque frontal y definitivo contra los derechos laborales y sociales de toda la población.

Estas medidas unidas a las cifras alarmantes de paro, a la reducción de gasto social, a la reforma de las pensiones, a la reforma laboral, a los miles de millones de euros públicos entregados a la banca, a la falta de futuro para millones de personas que están pagando de forma directa la crisis que no han provocado, nos llevan a la necesidad urgente de una movilización general de toda la sociedad.